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martes, 30 de abril de 2013

LAS TASAS JUDICIALES Y EL DERECHO ROMANO


 
La semana pasada asistí a unas Jornadas Internacionales organizadas por el Departamento de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, bajo el título "La persona ante el conflicto entre Derecho y Poder". A ellas asistieron diversos especialistas en Derecho Romano tanto de España como de otros países europeos e hispanoamericanos. Ni que decir tiene que las disfruté bastante, ratificándome en la idea de que hay pocas cosas nuevas bajo el Sol, que casi todo está inventado y que el Derecho Romano tiene muchas cosas que enseñarnos. Por ejemplo, que hubo que limitar los legados que el causante podía hacer libremente para evitar que los herederos no aceptasen la herencia o que se dictó una norma para que se pudiera perseguir por denuncia pública a aquellos magistrados que en las provincias abusaban de su cargo, lo que incluso podría aparejar que al denunciante se le otorgase la ciudadanía romana.
 
Y es que casi todo el Derecho se inventó en Roma, donde se buscaron soluciones simples y justas para los problemas, de tal modo que todas esas innovaciones jurídicas actuales –normalmente de origen anglosajón y que suelen adoptar una denominación en inglés- se pueden resolver con los mimbres que urdieron los juristas romanos: la propiedad, el usufructo, los contratos, etc.
 
Lo que no me esperaba es que también el Derecho Romano hubiese establecido tasas judiciales, al igual que se ha hecho recientemente en nuestro país con la finalidad, según se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley que las impone[1], de  racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, o, lo que es lo mismo, limitar la afluencia de litigios a los Tribunales. En tal sentido, resulta de gran interés un artículo publicado en la Revista de Derecho de la UNED por el catedrático de Derecho Romano de la Universidad de la Rioja D. Alfonso Agudo Ruiz, cuyo título no deja lugar a dudas: “A propósito de la regulación de las tasas judiciales en Derecho Justinianeo. Nota sobre una constitución de Justiniano reguladora de las sportulae[2].
 
Según el profesor Agudo Ruiz, a pesar de haberse perdido, no hay duda alguna sobre la existencia de una constitución reguladora de las sportulae con carácter general, de fecha anterior al año 530 y que debía constar al menos de tres capítulos: “el primero establecía las tarifas de las sportulae para los exsecutores litium, el segundo concedía al demandado una acción in quadruplum contra los exsecutores litium que exigieran sportulae superiores a las establecidas, y el tercero concedía una acción al demandado contra el actor incurso en pluris petitio quantitate”[3].
 
Al igual que en nuestro país, también existían diversas cuantías en la constitución justinianea en función del tipo de persona que solicitaba la tutela judicial y, asimismo, variaban en función de si el tribunal era superior o de primera instancia. Pero lo más sorprendente es su cuantía: “las sportulae dadas a los exsecutores litium fue regulada por Justiniano, y que éstas eran proporcionales al valor del litigio insertado en el libellus conventionis. Así, hasta 100 áureos, la cantidad a pagar en concepto de sportulae era de ½ áureo”[4]. Es decir, el 0’5% de la cuantía del litigio, lo mismo que se establecía inicialmente en la Ley 10/12 como parte variable de las tasas judiciales, hasta su posterior reforma. ¿Habrá acudido el autor de la Ley al Derecho justinianeo para obtener su inspiración o será simple casualidad?


[1] Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
[2] AGUDO RUIZ, A., “A propósito de la regulación de las tasas judiciales en derecho justinianeo: nota sobre una Constitución de Justiniano reguladora de las sportulae”, RDUNED. Revista de derecho UNED, ISSN 1889-9912, Nº. 10, 2012, págs. 55-67. Puede consultarse su texto completo en www.dialnet.unirioja.es.
 
[3] Op. cit, pág. 58.
[4] Op. cit., pág. 58.

jueves, 18 de abril de 2013

LA PROTECCION DE DATOS EN LA ACTUALIDAD


 

            El derecho a la protección de datos tiene su origen en la doctrina de los Tribunales Constitucionales. El primero que se ocupó del mismo fue el Tribunal Constitucional Federal alemán en su Sentencia de 15 de diciembre de 1983, BVerfGE, dictada en relación con la Ley del Censo de Población. En la misma, sobre la base del derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, consagró un nuevo derecho, el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la facultad del individuo, derivada de la autodeterminación, de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida[1].

 

            En nuestro país, la Constitución de 1978, más moderna que la Ley Federal de Bonn, contiene un art. 18, destinado a regular derechos fundamentales clásicos como la protección del honor o la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, en dicho precepto se incluye un cuarto párrafo según el cual la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

 

            Dicho precepto fue desarrollado inicialmente por la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), posteriormente derogada y sustituida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), actualmente vigente.

 

            En dichas normas no se configura el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental, sino que fue el Tribunal Constitucional quien en su sentencia 292/2000, de 30 de noviembre viene a reconocer, y en cierto modo configurar, el derecho a la libertad informática o habeas data.

 

      Según el Tribunal, el art. 18.4 CE contiene “un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo "un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama 'la informática'", lo que se ha dado en llamar "libertad informática" (FJ 6, reiterado luego en las SSTC 143/1994, FJ 7, 11/1998, FJ 4, 94/1998, FJ 6, 202/1999, FJ 2). La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada "libertad informática"[2] es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención (SSTC 11/1998, FJ 5, 94/1998, FJ 4).

 

            Pues bien, este derecho a la protección de datos tuvo una especial relevancia en los años 90 frente al Estado y frente a instituciones de “poder”, como el sector bancario[3], si bien en la actualidad está teniendo cada vez más importancia de cara a las relaciones entre particulares.

 

            En efecto, en la actualidad los principales enemigos de nuestra intimidad somos nosotros mismos y nuestras personas más cercanas, que muchas veces no ven inconveniente alguno en publicar en las redes sociales sus propias intimidades y, de paso, las nuestras.

 

            Son nuevas situaciones que, sin duda, requieren nuevos desarrollos normativos para evitar la conculcación de derechos, y es un tema sobre el que volveremos a tratar en este blog[4].

 

 



[1] Puede consultarse en Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe, México, 2009, pág. 94.
 
[2] Resulta curioso que el Tribunal Constitucional no utilice el término de “autodeterminación” que se utiliza en otros ámbitos comparados, explicable tan sólo, a nuestro juicio, por el temor al significado político que pudiera tener o se pudiera atribuir a dicha expresión.
 
[3] Recuérdese la amplia polémica sobre el saldo cero de las deudas a efectos de inclusión en ficheros de solvencia patrimonial, que fue objeto de diversas resoluciones judiciales hasta la regulación contenida finalmente en el Reglamento de la Ley.
 
[4] Y sobre el que trataremos el próximo 26 de abril en nuestra conferencia “La evolución del derecho fundamental a la protección de datos: de un derecho frente al sistema a un derecho doméstico”, en el marco de las Jornadas sobre “La persona ante el conflicto entre Derecho y Poder” organizadas por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

sábado, 6 de abril de 2013

LA EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL “EFECTO MARIPOSA”

                Se conoce como “efecto mariposa” -fundamentalmente, desde que se estrenó una película con ese nombre- la repercusión de un hecho en un lugar o tiempo distintos. Según parece, su nombre nace de un proverbio chino según el cual "el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo".
 
                 Sea cierta o no la existencia de este efecto tan poderoso, la realidad ofrece ejemplos de normas que se dictan para situaciones que no eran las inicialmente previstas. Así ocurre, en mi opinión, con el Plan de Infancia y Adolescencia[1] 2013-2016 aprobado por el último Consejo de Ministros y entre cuyas medidas se anuncia una modificación del Código Civil relativa a la edad para contraer matrimonio. Según la página web de La Moncloa[2], dentro del objetivo de apoyo a las familias, se situaría esta modificación, que se recoge del siguiente modo:
 
               " También, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y del Consejo de Europa, el Gobierno va a revisar algunas de las edades mínimas previstas legalmente.
                En primer lugar, la edad para contraer matrimonio. En la actualidad, se sitúa en dieciocho años, pero se mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con catorce  años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para subir la edad a los dieciséis años".
 
                Mal empezamos porque parece que el Consejo de Ministros –o al menos el redactor de sus referencias en la página web- no se ha leído la norma que pretende modificar.
 
                El Código Civil fija una regla general: no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados (art. 46). Es decir, podrán contraer matrimonio:
 
-          Los mayores de 18 años cumplidos (art. 315 Cc).
-          Los menores de 18 años previamente emancipados, lo que puede hacerse de manera expresa  -ya por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, ya judicialmente- o de manera tácita (para aquellos que vivieran independientemente de sus padres y contaran con su consentimiento). En todos esos casos, es preciso tener 16 años.
 
                Por otro lado, se establece la excepción: mediante el oportuno expediente judicial podrá dispensarse el impedimento de edad a partir de los catorce años (art. 48 Cc).
 
                 Resulta evidente por tanto que caben tres opciones: mayor de edad, menor de edad emancipado y menor de edad no emancipado y mayor de catorce años, previa dispensa[3].
   
             Pues bien, lo que parece anunciar el Consejo de Ministros es que se eliminará la posibilidad de dispensa a partir de los catorce años, manteniéndose por tanto la regla general que permite contraer matrimonio a los mayores de edad y a los menores emancipados. O bien, lo que sería más restrictivo, imponer como norma general la mayoría de edad y establecer un sistema de dispensa para los menores emancipados.
 
                Y ahora vienen las preguntas: ¿cuál es la finalidad de esa modificación legal? ¿realmente se está apoyando a las familias de ese modo? Si la respuesta es positiva, ¿a qué familia? ¿ a la original, donde se incluye el menor, o a la nueva familia que pretende formar con su cónyuge y posible descendencia? ¿no se estará dificultando el acceso al matrimonio con esta medida? Porque si se está dificultando el acceso al matrimonio, la medida puede ser inconstitucional si limita sin causa alguna el derecho reconocido en el art. 32.1.
 
                La respuesta parece estar en la ONU, que mediante Resolución 2018 (XX) de la Asamblea General, de 1 de noviembre de 1965, adoptó la Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, que en su Principio II fijó la edad mínima para contraer matrimonio en quince años. Curiosamente, la Resolución cita como antecedente de la misma “el art. 2 de la Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, en el que se estipulan ciertas disposiciones relativas a la edad para contraer matrimonio, al consentimiento de los contrayentes y al registro de los matrimonios”.
   
             En definitiva, parece que esta reforma legal trata de adaptar nuestra normativa a una Resolución de la ONU que trata de evitar que el matrimonio de menores de edad se utilice como instrumento para “legalizar” la esclavitud, probablemente muy utilizado en algunos lugares del mundo. Pero no en España, donde de este modo se relega al olvido a nuestra tradición romana, para la cual el requisito era haber alcanzado la pubertad, lo que ocurría para las mujeres a los 12 años y para los varones a los 14, dando lugar a la conocida disputa entre proculeyanos y sabinianos al respecto.
  
               Como decíamos al principio, el efecto mariposa.
  
 


[1] De ecos machadianos: “Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia”.

[2] ttp://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130405.htm#PlanInfancia.
[3] Existe otra posibilidad pero su análisis excede de este comentario. En efecto, otro supuesto de emancipación es el que se produce precisamente por el matrimonio. Teniendo en cuenta, además, que el matrimonio entre un menor de edad no emancipado no es nulo de pleno derecho sino que se convalida por la dispensa ulterior si no ha sido instada la nulidad judicialmente, podría plantearse, al menos teóricamente, el supuesto de un mayor de catorce años que contrae matrimonio, que por esa circunstancia adquiere la condición de emancipado y que por tanto convalidaría el matrimonio si nadie ha instado la nulidad.
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